[Artículo escrito para el proyecto de prensa digital feminista, Revista Akelarre]
Vivimos nuestro día a día sintiéndonos protegidos, amparados por un orden, por la previsibilidad de nuestro entorno y la supuesta coherencia interna de su funcionamiento. Entendemos que existen mecanismos para la defensa ante las injusticias, instituciones que avalan reclamos, una autoridad a la que reclamar, un Estado que ampare derechos.
El Estado como autoridad por sobre el monopolio de la violencia física, con el control de los medios de coerción en un territorio excluyentemente delimitado, se legitima y fundamenta en la voluntad popular del pueblo y la persecución del bienestar general. Sin embargo, a lo largo de la historia, en reiteradas ocasiones los Estados han actuado en contra de la voluntad popular y en contra del bienestar general, violando los derechos humanos, aunque manteniendo su monopolio de la violencia legítima, lo cual implica la disposición de medios e instrumentos con que ejercerlo, fenómeno denominado terrorismo de Estado.
La pregunta es qué posibilidades tiene la población de evaluar, analizar, y por sobre todo controlar que los medios e instrumentos del Estado como monopolizador del ejercicio de la violencia, se ejerzan en correspondencia de hecho con determinados valores y/o se abstenga de determinadas formas corrompidas. Es sabido que Estados declaran y llevan adelante guerras, pero ¿qué hace que las poblaciones piensen, crean (quizás incluso sea una forma de fe), en que el Estado no declarará guerra o utilizará las fuerzas policiales o militares contra la población propia, el kioskero, la niña, los y las vecinas?
Podría pensarse que no únicamente se declara guerra a la población por medios militares, ¿hasta qué punto las leyes y normativas que precarizan la vida de la mayoría de las personas a favor de la concentración en otras pocas no es un atentado contra las poblaciones? En un contexto de capitalismo financiero, donde los derechos humanos junto a nuestro planeta y su biodiversidad son constantemente menoscabados ¿funciona el Estado entonces, como garante de derechos o como andamiaje necesario para el capitalismo, dispuesto a pagar cualquier costo?
Si el Estado no actúa en función de los intereses colectivos y actúa en función de intereses sectoriales de la población, su fundamento último que le otorga legitimidad, se quiebra. Aunque ya no sea legítimo que sea poseedor del monopolio de la violencia, aún así, resistirle es desmedidamente desigual, pues continúa disponiendo de estos instrumentos, no así la sociedad civil. Esta asimetría surge del control diferencial de diversos recursos, económicos, de control ideológico, de información y de coerción física. ¿Qué posibilidades de resistir tienen las poblaciones en este caso? ¿Cómo se evita que esas resistencias nos lleven a la anomia, al desorden, al genocidio?
Las instituciones democráticas parecieran estar en crisis en América Latina, mientras surgen nuevas formas de opresión y exclusión, que en muchos casos están haciendo uso del poder de coerción concentrado en manos del Estado con la reaparición de las fuerzas militares en la vida pública. Pareciera que el estado de naturaleza hobbesiano de la inexistencia de normas y la imposición del más fuerte sobre el más débil con constante riesgo de la propia vida, fuera de hecho una realidad compleja presente.
El Estado debe ser dirigido, conducido, por gobiernos que logren darle una orientación, un determinado proyecto político, pero por sobre todas las cosas debe poder articular a los distintos sectores de la sociedad para lograr acuerdos y consensos.
El verdadero desafío para los movimientos que intentemos transformar el mundo en mejor lugar para el desarrollo de la vida y reivindiquemos la justicia social, es articular con aquellos que no piensan de la misma manera, e incluso integrar a todos los sectores de la sociedad como legítimos y no únicamente los propios en nuestros proyectos.
El avance de los pensamientos conservadores y reaccionarios en nuestras sociedades es visible en los resultados electorales de las democracias alrededor del mundo ¿acaso alguien está en posición de subestimar y desacreditar a porcentajes mayoritarios en procesos electorales? ¿qué sucede con las poblaciones latinoamericanas votantes de Macri o Bolsonaro, cómo abordar esa situación? ¿Cómo establecer canales de comunicación entre ambos lados de la mecha, en momentos en que es urgente?
Intentar entender las dirigencias que puedan llegar a tomar el poder del Estado implica comprender a los distintos sectores que componen nuestra sociedad, y es indispensable que todos los sectores articulen y negocien en pos de la protección de la vida por sobre la militarización, la violencia y la muerte como mecanismos ordenadores de las sociedades.
La organización social y la participación política en espacios institucionalizados de poder deben ser herramientas de orden y resistencia, así como nuestro rechazo y desprecio a la política y las instituciones habilita y libera el espacio de poder para limitar nuestra capacidad frente a los avances violentos de los modelos de imposición y violación de los derechos humanos. Es imprescindible articular, negociar y generar acuerdos que posibiliten una conducción política y eviten situaciones de anomia y destrucción, excusa perfecta para las intervenciones antidemocráticas.
Hoy más que nunca aprendemos que no debemos subestimar el poder del Estado, ni tampoco asumir que se ejercerá siempre en función de los intereses colectivos, debido a la realidad que atraviesa América Latina. Debemos pensar al Estado y las fuerzas del mismo como instancias que peligrosamente pueden terminar en conducciones equivocadas, entendiendo que todos los actores y todas las voces deben converger en negociaciones que permitan sostener no sólo la democracia, si no la gobernabilidad y la vida.
Referencias
O’donnell, G. (1978). Apuntes para una teoría del Estado. Revista mexicana de sociología, 1157- 1199.
